El caso de Margine Gutiérrez

No es difícil imaginar qué tipo de comentarios generará entre los súbditos del fsln, la repentina partida de Margine Gutiérrez, antigua Directora del Instituto de Cultura (INC). Pienso que más allá del hecho de haber sido despedida, está la razón por la cual fue cesanteada.

Indudablemente no faltará quien señale la "falta de disciplina de la Cra. Gutiérrez", o quieran catalogar como "debilidad ideológica" la acción de Margine al haber criticado sutilmente al presidente Ortega por permitir que Hugo Chávez se llevara los manuscritos de Darío.

Creo que con esta muestra, quizá insignificante para unos, se deja abierta la puerta para comprender que aún reina el verticalismo y la ausencia de democracia dentro del otrora partido revolucionario.

De igual manera también aducirán que situaciones como esa, suceden en todos los partidos y son de caracter interno. El problema que muchos nicaragüenses verán en esa acción, es que si así trabaja todavía el partido en su seno, muy probablemente esté dispuesto a aplicar el mismo remedio a la población. Por otro lado está la cuestión de la reputación que ostenta el frente como violador de los derechos civiles desde los años 80.

Margine ha demostrado tener la madera de la que se hacen las personas independientes y con lux propia. Esa es la clase de ciudadanos que se buscaba para fortalecer las filas del frente en los tiempos en que la clandestinidad era el medio ambiente obligatorio. Con esto no quiero insinuar que ella le dará la espalda a su organización, pero tampoco creo que el episodio quede diluído en las páginas de la historia de este período presidencial.

De algo se puede estar seguro. De ahora en adelante serán muy pocos los funcionarios que se atrevan a retar las órdenes del Presidente y la Primera Dama. Eso sí, el perdedor en este drama es el fsln pues su imagen de gobierno reconciliador y respetuoso continúa como vidrio estrellado.

El argumento de la disciplina partidaria no es aceptado como excusa en el exterior, particularmente ante los que no son nicaragüenses. Esa manera de reaccionar por parte del ejecutivo se percibe como un atentado contra la libertad de expresión.