¿Un Primer Ministro vitalicio para Nicaragua?

No debe extrañarnos la noticia (o rumor) de que se está fraguando una extensión del pacto existente entre el PLC y el FSLN. No veo cómo, si el negocio va bien, no pueda extenderse el entendimiento.

Peo ahora, los asociados piensan ir un poco más lejos en sus planes al intentar crear una nueva figura. Primer Ministro. Vaya Usted a entender eso. El asunto está en que ahora que también se empieza a mencionar la derogación de la Ley Marco, los legisladores del Frente salen con la idea de que sería bueno tener un Primer Ministro, sólo que éste sería elegido por.... Correcto! ... los diputados de la Asamblea Nacional; el mismo lugar donde el partido de Ortega tiene mayoría; una mayoría asegurada gracias al mencionado acuerdo.

Todo esto se da cuando existe la posibilidad de que el Ejecutivo se vea cercenado de sus poderes en caso se diera la derogación de la ley en cuestión.

Será interesante ver cuál es el razonamiento que emplean estos señores para crear a un Primer Ministro. Como si el Estado nicaragüense fuera tan grande como para necesitar esa figura, lo cual requeriría una partida adicional del presupuesto. También se vería en la necesidad de contratar personal, comprar vehículos, muebles para las oficinas y todo lo que un ente gubernamental utiliza.

Pero tan importante como eso, es la idea escondida - por lo menos hasta ahora - es la de arreglar un mandato vitalicio para Ortega como Primer Ministro. Por eso decíamos que sería escogido por la Asamblea Nacional (pacto).

A toda vista resulta completamente ilógico el inventar la existencia de esa posición. Repetimos, el Estado no lo necesita. La población tampoco. Necesitamos productores, no elementos que vengan a aumentar la ya exorbitante burocracia estatal. Si los diputados de la alianza PLC/FSLN piensan que ese espacio es necesario, pues tal vez deberíamos estudiar la posibilidad de reducir el número de legisladores. O sea, sus propios puestos.

No politizar la cedulación en el exterior

Las insistente declaraciones del magistrado René Herrera en las que llama "pandilla de oportunistas" a quienes apoyan la cedulación en el exterior, solamente logran echarle más gasolina al fuego, pues es de sobra conocido que es a los partidos miembros del Pactum, a los que menos les conviene que se le facilite al éxodo nicaragüense el ejercicio del sufragio. El PLC - al que pertenece Herrera - sería muy probablemente uno de los afectados.

Pero si lo tomamos despacio y con calma, veremos que el Dr. Herrera tiene cierta razón; pues no sin asombro notamos que algunos de los que por tantos años se hicieron de la vista gorda y oídos sordos cuando se pedía la aplicación de ese derecho, ahora empiezan a ponerse de puntillas para sobresalir en la foto. Ese privilegio le corresponde a quienes han creído e impulsado el movimiento desde siempre y a los que han invertido tiempo y dinero en ello.

Indudablemente esta es una lucha en la que todos los nicaragüense, no solamente los que residimos fuera de Nicaragua tenemos responsabilidad. Es por lo tanto, obligación ciudadana, el no negarles el espacio al que tienen derecho, pero como conocemos bien el sebo de nuestro ganado, debemos evitar que algunos de estos intenten catapultarse tomando esta fase como base para sus pretensiones política$ y afán de protagonismo.

Han sido muy pocos los políticos que han apoyado el movimiento en favor de la cedulación y el voto en el extranjero. La mayoría no sólo se han portado indiferente, sino que hasta quisieron emplear tácticas diversionistas para evitar la implementación de lo que ordena la Constitución en materia de cedulación. Un buen ejemplo fue el de pretender obligarnos a usar el pasaporte como medio de identificación para cuando llegáramos a Nicaragua. Otros descaradamente nos han dicho que por el hecho de no vivir en Nicaragua y "no estar mordiendo el leño día a día" no tenemos derecho a votar.

Sobresale un diputado que en 1991 me dijo "están locos", cuando se le propuso la idea de impulsar el sufragio en el extranjero.

Sobre esto es importante tener presente que en caso de iniciarse la cedulación en el extranjero, no significa que automaticamente tendrá lugar el voto a distancia. Esto último es tan importante como la cedulación misma y deberá mantenerse en agenda hasta que suceda. Igual con la remoción de los incisos en la Constitución que prohiben la participación inmediata de quienes viven en el extranjero y deseen postularse para puestos de elección popular.

Para cerrar quiero volver a las declaraciones del Dr. Herrera con eso de "pandilleros oportunistas" pues me viene a la mente cuando el Dr. Alemán y su claque llegaban a Miami buscando apoyo enarbolando la bandera del antisandinismo con la esperanza de adquirir fondos y adeptos. Es necesario pues, que don René sea claro y específico en sus señalamientos.

Los que vivimos fuera de Nicaragua reconocemos que hay mareros en el bajo mundo de la politiquería criolla. Don René Herrera es uno de ellos.

Derecho a elegir y a ser elegidos

Hace unos días el magistrado del Consejo Supremo Electoral, Dr. René Herrera declaró que el reclamo para que se haga efectiva la cedulación en el exterior, obedece a “pandillas de oportunistas financiadas por el gobierno de Estados Unidos…”. Ese exabrupto parece ser una réplica de la acusación que el mismo funcionario emitió en octubre del año pasado, en la que igualmente aseguró que ese país del norte quería “crear interferencias desde afuera”; esto en relación a los comicios que estaban a punto de celebrarse en noviembre de ese año.

La actitud de Herrera y la de otros magistrados que han asumido igual posición, denota miedo ante la posibilidad de que millares de compatriotas hagan uso del derecho al voto consagrado en la Constitución de la República. El mismo es un derecho inalienable por lo cual no debe ser considerado como dádiva otorgada por el gobierno bicéfalo cuando ellos lo consideren propio y adecuado.

Es inaudito que en un país en donde se dio una sangrienta guerra para alcanzar la libertad y consolidar el pleno uso de los derechos civiles, nos haya tomado varios años de cabildeo y presión para elaborar y aprobar la Ley de Identificación Ciudadana que hace posible, entre otras cosas, el derecho a la cedulación en el exterior.

Igual se puede decir de los esfuerzos para impulsar la Ley de Reforma a la Ley 152 en el año 2005 que establece los requisitos para llevar a cabo la cedulación en los consulados, los aranceles a cobrar y establece un plazo para iniciar el proceso de cedulación. La realidad nos indica que los magistrados del CSE se enjuagaron con esa instructiva.

Es también irracional que aunque en la ley se acepta la cedulación a distancia, en la Constitución se encuentran incrustados obstáculos que parecen fueron redactados con el único propósito de impedir que los que viven en el exterior puedan efectuar una auténtica participación en la vida política del país, al requerir en varios Artículos, que para ser diputado o magistrado sea necesario “haber residido de forma continúa en el país los cuatro años anteriores a la elección”. Arto 134. 1. d); Arto. 171. 4)

Con ello inequívocamente se nos pretende negar el derecho a elegir y también a ser elegidos.

Debido a su desatinada actuación, los regentes electorales de la nación caen en contradicción por aparente desconocimiento de la Carta Magna pues en su Arto. 51 está estipulado que “los ciudadanos tienen derecho a elegir y a ser elegidos en elecciones periódicas y optar a cargos públicos…” No se menciona en ningún momento un período de tiempo definido de residencia previa en el país.

Es difícil concebir un argumento maduro y bien cimentado que demuestre lo negativo de permitir que nicaragüenses que han residido recientemente en el extranjero, no deban postularse para ocupar puestos públicos. Las comunicaciones, la globalización y la modernidad en el transporte han hecho de este planeta una gran aldea. Nicaragua es nuestro barrio.

Con el aporte de casi mil millones de dólares al año a la economía nacional, tenemos el derecho y la obligación de ayudar a decidir su destino como electores y como elegidos.

He ahí, pues, otra tarea en manos de los diputados. Están llamados a considerar e impulsar la derogación de esos limitantes a nuestros derechos políticos.